BRASILIA.- Lo único que marcha viento en popa en Brasil parece ser el proceso con miras a destituir a la presidenta, Dilma Rousseff, que se tramita en el Congreso. Todos los demás asuntos de interés para un país hundido en la mayor recesión económica en 25 años y sacudido por la peor crisis política desde la restauración democrática, en 1985, han quedado relegados a tercer o cuarto plano.
En una suerte de “guerra” entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, el Gobierno se dedicó a defenderse de las acusaciones de que Rousseff invistió a su antecesor Lula, como jefe de Gabinete, para librarlo de la Justicia ordinaria, y la agenda oficialista quedó paralizada. Es que Lula enfrenta una denuncia penal y un pedido de arresto por sus presuntos nexos con los ilícitos en Petrobras, y el cargo de ministro le confiere el privilegio de los fueros, con lo cual solo puede ser juzgado por la Corte Suprema.
Diputados designó el jueves la comisión que analizará el pedido de apertura de un juicio político contra Rousseff. De sus 65 miembros, 31 son contrarios a la continuidad del proceso, 28 están a favor y seis están indecisos. El “empate técnico” incluye otros ingredientes preocupantes para la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT): el presidente y el relator de la comisión son aliados de su mayor enemigo: el presidente de la Diputados, Eduardo Cunha.
Desde que fue notificada, el jueves, la Presidenta tiene un plazo de 10 sesiones para presentar su defensa. Fue así que Cunha puso a correr el reloj. Determinó que se realicen sesiones plenarias todos los días de la semana, incluyendo viernes y lunes. El veredicto de la comisión sobre el juicio político debe ser sometido a votación en Diputados, y, si es aprobado, el trámite pasa al Senado. El presidente de la Cámara Alta, Renan Calheiros, era hasta hace días la última esperanza del Gobierno para eludir el juicio político. Parece que no lo es más: el senador comentó que no tiene cómo frenar el proceso, puesto que de hacerlo se producirá una “ola” que derivaría, si o sí, en la salida de la mandataria.
Es tal la certeza en Brasilia de que Rousseff no solo no termina su mandato en 2018, sino que el final está muy cerca, que partidos opositores ya conversan con el vicepresidente Temer -quien asumiría en su lugar- sobre “el día siguiente” y el “Gobierno Temer”. (DPA)